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Introducción

Analizar el crecimiento, con sus razones y sinrazones, seguir los cambios de la riqueza y su distribución es asumir también, siguiendo la tradición de la economía clásica de los siglos XVIII y XIX, las ataduras morales y políticas del enfoque económico. El fin del siglo XX vio al mismo tiempo un claro auge del discurso económico y el inicio de su ocaso. Más allá de la difusión de las tesis liberales desarrolladas en los años 1980, fue manifiesta la importancia de toda una retórica económica en la formulación de los debates políticos. Es cierto que el campo estaba libre, en la escala planetaria, por tres razones por lo menos. Los acuerdos internacionales redujeron claramente el poder de los estados nación, ya sean acuerdos regionales o de la Organización Mundial del Comercio (OMC), dejando amplio espacio a los arbitrajes económicos en la gestión de las relaciones internacionales. La caída del muro de Berlín ratificó el fin de los regímenes comunistas en el Este, marcando la apertura de un verdadero mercado para las estrategias de liberalización. Finalmente, el fracaso de los proyectos desarrollistas en el sur (del cual la década perdida en América latina es un síntoma mayor) abrió el camino a las recetas económicas radicales del Fondo monetario internacional (FMI) y otras organizaciones internacionales administradoras del orden financiero en el mundo, participando en lo que se llamó el “consenso de Washington”.

En la era en que algunos hablaban del fin de la historia, una lógica económica más bien liberal parecía prevalecer en todos los niveles de la regulación mundial.
Pero el giro fue rápido. La misma década asistió al desarrollo de un movimiento altermundialista importante, que intentó insertar otras lógicas en las relaciones internacionales. Los límites, en términos de violencia y corrupción, de los procesos de acumulación primitiva en los países del Este, a menudo modificaron los ardores de las políticas de liberalización. Finalmente, los problemas sociales y los fracasos provocados por las prescripciones del consenso de Washington en los países del sur, lo desacreditaron. Llegó luego el tiempo de las desilusiones (retomando el título del libro de Stiglitz, 2002, cuyo recorrido es emblemático de este flujo y reflujo del discurso económico). El auge del terrorismo a comienzos del siglo XXI puso fin a toda hipótesis sobre el fin de la historia. El discurso económico en sí mismo no sólo está más sometido a crítica, sino que se le exige precisar sus articulaciones con los ámbitos morales y políticos. La afirmación liberal de la omnipotencia del libre mercado aparece como demasiado compleja para dejarse únicamente en manos de los preceptos de una economía “pura”.

En esta evolución se le da un lugar particular al debate clásico entre eficacia en la transformación del mundo y justicia en la distribución de sus beneficios. Debate clásico, ya que de este análisis de las condiciones de crecimiento y de sus vínculos con la distribución en los países en vías de industrialización nace la ciencia económica de Smith a Marx. Un debate que volvemos a encontrar en los años 1930 y en las circunstancias dramáticas de la posguerra, que concluye en la mayoría de los países capitalistas occidentales con un cierto compromiso del Estado para favorecer el pleno empleo (lo que se llamará convenciones de pleno empleo). El fin del siglo XX se enfrenta con la misma cuestión. Pero las condiciones son radicalmente nuevas. Luego de la crisis abierta de los años 1970-1980, en la que los ritmos de crecimiento bajaron y el desempleo aumentó, cuestionando los modelos de desarrollo precedentes, la historia gira sobre sí misma sin que se imponga ningún modelo nacional. Es posible envidiar los éxitos parciales o temporales de tal o cual economía, primero Japón, después el Sudeste asiático, finalmente Irlanda y Estados Unidos, que diez años antes concentraban las preocupaciones. Nunca parecían reunidas las condiciones para asegurar aunque sólo fuera cierta perennidad de estas experiencias, sin hablar de ejemplaridad ni transponibilidad. La ausencia de visiones, de referentes, de proyectos políticos, mina desde hace treinta años las condiciones de un redespegue “políticamente sustentable” de un conjunto de economías desarrolladas.

Además, estos proyectos siguen siendo principalmente de esencia nacional. Los procesos regionales no logran construir un real proyecto colectivo que escape a un alineamiento liberal y saque partido de la diversidad de países miembros (como ejemplo, los avatares del modelo social europeo). Las instancias propiamente mundiales penan por salir de las impasses a las que las llevaron las políticas liberales implementadas en el curso de los años 1990 en los países en desarrollo.

Ahora ¿cuál es el estatus del crecimiento en los diversos países? en otras palabras, ¿cómo se ordenan las acciones para concurrir a un objetivo común? ¿Cómo se articulan estos proyectos nacionales dispares en la escala mundial en un universo de economías en gran medida abiertas a los intercambios? Aquí tenemos dos cuestiones a la vez nuevas, ya que indisociables del nuevo contexto histórico en las que se presentan, y muy clásicas, ya que prolongan las de Adam Smith sobre el origen de las riquezas en economías del alba de la revolución industrial. Como no se impone ningún determinismo, la respuesta estaría más bien en una manera de formular estas cuestiones que permita captar mejor lo que está en juego y aclarar el espacio de elecciones morales y políticas.
Nos interesaremos en primer lugar por la medición del crecimiento. En economías que institucionalizaron cierta indexación de las remuneraciones y las transferencias, las mediciones de contabilidad nacional constituyen verdaderas tecnologías de gobierno. El debate sobre la medición del producto interior bruto (PIB) parece haber cambiado de naturaleza a mediados de los años 1990. El desafío ya no está solamente en la amplitud de las variaciones de los indicadores. La brecha entre medición del PIB y medición de la riqueza, inclusive del bienestar, pasa a ser de actualidad. Esto demuestra una profunda erosión de la regulación social que se basaba en estos indicadores. Existen varias razones. Indexaciones y transferencias fueron profundamente cuestionadas desde el giro de los años 1980 por una corriente liberal que quiso ver en las diversas manifestaciones del Estado de bienestar un freno fundamental a toda recuperación del crecimiento. A esto se agregan los efectos de tres transformaciones fundamentales. En primer lugar, un aumento continuo de las desigualdades en el interior de estos países industrializados, que distiende los lazos comunitarios entre ciudadanos. Luego, una relativa “desmaterialización” de las actividades económicas, ampliamente vinculada con el aumento de las actividades de servicios, más difíciles de medir en términos reales. Finalmente, una internacionalización más avanzada de las actividades económicas, que también complica la medición del crecimiento en términos reales, agregando la incertidumbre sobre los precios de los intercambios exteriores. Todas estas causas son interdependientes.

Del crisol de estas transformaciones emergen eventualmente nuevas regulaciones económicas y sociales. Nuestro marco de análisis es el que desarrolla la teoría de la regulación, cuyos fundamentos fueron objeto de un volumen en esta colección (Boyer, 2007).

Los tres primeros capítulos se interrogan sobre la naturaleza del crecimiento: ¿cuál es el estatus económico y social de su medición (capítulo 1)? ¿Sobre qué estructuras y reglas se apoya la dinámica de las interacciones que se trata de detectar (capítulo 2)? Finalmente, ¿cuáles son los horizontes temporales en los que se inscriben estas organizaciones del crecimiento (capítulo 3)?

Los tres primeros capítulos aplican estas claves a una relectura del crecimiento de las economías nacionales desde la segunda posguerra hasta nuestros días. En estas seis décadas, la cuestión que surge es la de las relaciones entre desarrollo del capitalismo y auge de las naciones. Los “treinta años gloriosos” (1945-1975) ¿son la edad de oro del capitalismo o de las naciones (capítulo 4)? Y la “nueva economía”, de la que se trata de definir los contornos en las orillas del siglo XX ¿tiene fronteras nacionales (capítulo 5)? Finalmente, ¿cómo regulaciones propiamente internacionales pueden paliar las restricciones que la internacionalización impone sobre la regulaciones nacionales (capítulo 6)?

Después del período de transición de los años 1980, los años 1990 vieron surgir nuevas regulaciones. Pero el análisis del período muy contemporáneo sólo puede ser prospectivo. Entre las alternativas, la consideración del régimen de crecimiento financiarizado, que sugiere el peso asumido por el “valor accionarial” en la gobernancia de las grandes empresas en bolsa, es insoslayable. Pero este régimen financiarizado plantea de entrada la cuestión del carácter nacional de las regulaciones por venir. La fase contemporánea de internacionalización de las economías da a muchos agentes capacidades estratégicas en la escala internacional. Esto modifica profundamente las condiciones en las que pueden instaurarse estas regulaciones nacionales. Los procesos de integración regional pueden constituir una solución, es decir un espacio de regulación apropiado, que armonice las bases de las regulaciones nacionales. Esto implica la aplicación de todo un instrumental institucional nuevo, así como una mutación completa de las luchas sociales correspondientes. Más allá, el régimen de gobernancia internacional puede favorecer o por el contrario bloquear estos ajustes regionales. Las naciones tienen diferentes posiciones respecto del cuestionamiento en curso, pero todas enfrentan el desafío de reinventar esquemas de crecimiento (y las tecnologías de gobierno asociadas) que respondan mejor a las aspiraciones de las poblaciones y constituyan verdaderos proyectos de sociedad.

© CEIL PIETTE CONICET
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Puesto en línea: 3 de junio 2010